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Chile, la herida abierta

6. El genocidio (II)


El Plan Cóndor

En septiembre de 2000 conocimos que la implicación norteamericana en los crímenes de la dictadura de Pinochet alcanzó un punto insospechado. El Informe Hinchey56, desclasificado por la CIA, reveló que entre 1974 y 1977, los años más duros de la represión en Chile, la Agencia recibió información de Manuel Contreras. Además, en mayo y junio de 1975, y pese a que la Agencia le consideraba “el principal obstáculo a una política de derechos humanos razonable dentro de la Junta”, algunos de sus miembros recomendaron “establecer una relación pagada con Contreras para obtener inteligencia basada en su posición privilegiada y acceso a Pinochet” e incluso reclutarle como uno de sus agentes.

Esta propuesta fue desestimada, pero el jefe de la DINA recibió una indeterminada cantidad económica procedente de la CIA y en agosto de aquel año fue recibido en Washington por Vernon Walters, subdirector de la Agencia, a fin de mimar “las buenas relaciones con Pinochet”.

Por otra parte, aunque ya en diciembre de 1974 “concluyó que Contreras no iba a mejorar su conducta respecto a los derechos humanos”, la CIA decidió mantener sus contactos con éste incluso después del magnicidio del barrio de las embajadas de Washington, a pesar de que era consciente del “posible rol de Contreras en el asesinato de Letelier”.

Sólo en noviembre de 1977, tres meses después de la mutación de la DINA en la Central Nacional de Informaciones (CNI) y cuando Manuel Contreras fue apartado de la jefatura de la CNI, la Agencia rompió su relación con él. Contreras fue uno más de los miles de oficiales chilenos que recibieron adiestramiento en Estados Unidos en virtud de los acuerdos bilaterales de colaboración militar.

El Informe Hinchey también admitió que “la CIA apoyó activamente a la junta militar después del derrocamiento de Allende” y confirmó que “algunos” de los “muchos” oficiales chilenos “involucrados en sistemáticos y masivos abusos a los derechos humanos después del golpe” eran “contactos o agentes de la CIA o de las fuerzas armadas de Estados Unidos”.57

La dictadura de Pinochet contó con la colaboración de los regímenes totalitarios sudamericanos desde los primeros días del golpe de Estado, cuando por ejemplo militares brasileños participaron en las brutales torturas que sufrieron los miles de presos políticos encerrados en el Estadio Nacional.

El asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en Buenos Aires el 30 de septiembre de 197458 y la Operación Colombo fueron estrechando las relaciones y a finales de noviembre de 1975 los jefes de los aparatos represivos de las dictaduras del Cono Sur se reunieron en Santiago, invitados por Manuel Contreras, para sentar las bases “de una excelente coordinación y un mejor accionar en beneficio de la Seguridad Nacional de nuestros respectivos países”: el Plan Cóndor.59

El auto de procesamiento de Pinochet dictado por Baltasar Garzón el 10 de diciembre de 1998 señala: “El Plan Cóndor, cuyo único objetivo real es viabilizar la represión violenta de las víctimas, es un proyecto personalmente ideado por el coronel Manuel Contreras (Cóndor I), siguiendo las órdenes de Augusto Pinochet, y otros responsables de países comprometidos, en esa época, en la lucha contra el Comunismo Internacional tales como Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil y posteriormente Argentina (...) El Plan Cóndor integra parte del sistema de terror diseñado por Pinochet y su Delegado Manuel Contreras de seguir la pista y ocuparse de exiliados chilenos hasta el punto de darles muerte o conseguir su entrega para hacerlos desaparecer”.

El Informe Rettig documenta que sólo en 1975 y 1976 treinta y tres ciudadanos chilenos desaparecieron tras ser capturados por agentes argentinos, paraguayos o brasileños y ser entregados a la DINA60. Estados Unidos impulsó la coordinación de los aparatos represivos de estas dictaduras y la división de servicios técnicos de la CIA suministró equipos de tortura a brasileños y argentinos. Y además en sus escuelas militares adiestró a los principales responsables de los servicios de inteligencia de aquellos países.61

La operación más increíble de la DINA más allá de las fronteras chilenas fue el asesinato de Orlando Letelier -último ministro de Defensa de la Unidad Popular- y su ayudante Ronni Moffit en el corazón del distrito diplomático de Washington el 21 de septiembre de 1976 con la colocación de una bomba en su automóvil. En este crimen participaron dos agentes de la DINA, Michael Townley y Armando Fernández Larios, y un grupo de cubanos anticastristas, a quienes la CIA ayudó a ocultarse.

En 1995 la justicia chilena condenó a Manuel Contreras a sólo siete años de cárcel y a su segundo Pedro Espinoza a seis años por su implicación en este crimen, penas que ya han cumplido en la “prisión especial” de Punta Peuco, custodiada por los propios militares. En Estados Unidos el caso Letelier se ha reabierto en los últimos años y en abril de 2000 una comisión judicial de este país visitó Chile para recabar información sobre la participación de Pinochet en este magnicidio. De momento el ex dictador ha podido eludir cualquier responsabilidad penal en un crimen que cuanto menos contó con su autorización.

La DINA también intentó asesinar en el exterior a otros destacados opositores y así ametralló a Bernardo Leighton, ex vicepresidente de la República y fundador de la Democracia Cristiana, y a su esposa Anita Fresno en Roma en 1974 y puso en marcha operativos, por suerte fallidos, para asesinar en 1976 a Carlos Altamirano -secretario general del Partido Socialista- en Madrid y a Volodia Teitelboim -importante dirigente comunista- en México.62



En diciembre de 1992 el abogado Martín Almada y la doctora Gladys Mellinger, torturados en el marco del Plan Cóndor, descubrieron en los suburbios de Asunción los archivos de la dictadura de Alfredo Stroessner y entre los centenares de miles de folios hallaron una voluminosa información que confirmó la existencia de aquel operativo represivo.



Lonquén

“Trozos de cráneos amarillentos, con huellas de cuero cabelludo; pelos sueltos, negros; ropas desgarradas de las que se reconoce un blue jeans, un chaleco de hombre”. Así describió el periodista Abraham Santibáñez los restos de quince hombres encontrados en noviembre de 1978 en los hornos de unas minas de cal abandonadas en Lonquén. Aquellos quince campesinos fueron detenidos el 7 de octubre de 1973 en la comunidad Isla de Maipo, cerca de Santiago.

Para los familiares y los compañeros de todos los detenidos desaparecidos aquel hallazgo confirmó sus temores sobre el destino de sus seres queridos. Una vez más la brutalidad de la dictadura de Pinochet quedaba al desnudo ya que el régimen aseguraba con insistencia que los desaparecidos en realidad habían abandonado el país o permanecían en la clandestinidad; Sergio Díez, delegado de la junta militar ante las Naciones Unidas, incluso se atrevió a sostener el 7 de noviembre de 1975 que “muchos de los presuntos desaparecidos no tienen existencia legal”.

Los análisis de los restos de Sergio Maureira Lillo y de sus cuatro hijos, Rodolfo Antonio, Sergio Miguel, Segundo Armando y José Manuel, de Oscar Hernández Flores y de sus hermanos Carlos y Nelson, de Enrique Astudillo Alvarez y de sus dos hijos Omar y Ramón, y de los cuatro jóvenes Miguel Brant, Iván Gerardo Ordóñez, José Herrera y Manuel Navarro desmintieron la versión oficial sobre su supuesta muerte en el transcurso de confusos enfrentamientos nocturnos y revelaron que fueron asesinados.

La Corte Suprema encargó la investigación del caso al juez Adolfo Bañados, de la Corte de Apelaciones de Santiago. Este magistrado concluyó que el teniente del ejército Lautaro Castro y ocho carabineros fueron los responsables de la masacre, pero poco después se declaró incompetente y transfirió el caso a la justicia militar sin dictar ningún procesamiento, a pesar de que algunos de los crímenes perpetrados en Lonquén (como el secuestro de menores, que afectó a Iván Gerardo Ordóñez) estaban excluidos del decreto-ley de Amnistía, aprobado en abril de 1978. El 29 de octubre de 1979 familiares de estas víctimas recurrieron ante la Corte Suprema contra la decisión de la Corte Militar, pero la máxima instancia judicial cerró el caso seis meses después al aplicar dicho decreto-ley.63

Los testimonios de los familiares de estas víctimas son estremecedores. “Yo siempre pensé que estaban vivos, que en cualquier momento iban a llegar a la casa. Nunca los soñé muertos. Los soñaba vivos y que volvían... Los he echado tanto de menos, tanto, tanto de menos... Tan injusto que fue... porque no tenían delito ninguno”, explica Carmen Flores, madre de Oscar, Carlos y Nelson Hernández.64


La defensa de la vida

A partir del 11 de septiembre de 1973 miles de personas tuvieron que acudir a las nuevas autoridades para pedir información sobre el paradero y la situación de sus familiares detenidos y desaparecidos. En aquellos primeros años sólo las instituciones religiosas pudieron ejercer una defensa activa de los derechos humanos ya que por ejemplo el 12 de septiembre el Poder Judicial, el único no controlado de manera directa por los golpistas –tampoco les hizo falta-, emitió una declaración de apoyo incondicional a la junta militar.

Ante el silencio cómplice de los jueces y de los medios de comunicación tolerados por la dictadura, algunas iglesias intentaron atenuar la crueldad de la represión. Así, católicos, luteranos, ortodoxos, judíos y otras confesiones crearon el 6 de octubre de 1973 el Comité de Cooperación para la Paz, que trabajó para proporcionar “ayuda material y espiritual a todas las personas y familias afectadas por la situación existente” y facilitar “asistencia legal y judicial para la defensa de los derechos de las personas afectadas”.65

En 1975 nació la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) fruto del “agudo y brutal” impacto psicológico de la Operación Colombo sobre los familiares de los 119 ya que la publicación de aquellas dos listas les convenció de que la dictadura había asesinado a sus seres queridos. La madre de una víctima recordó así los primeros momentos: “Me encerré en el baño, ahí en el Comité, lloraba y lloraba. Luego me levanté y, sin poder contenerme, gritaba mientras me golpeaba la cabeza contra las paredes de un lado a otro. No podía ser...”66

En 1975 estas personas acudían a diario al Comité de Cooperación para la Paz para realizar todos los trámites posibles a fin de hallar a sus familiares, pero aquel golpe terrible de la dictadura les planteó la necesidad de intensificar su lucha y fortalecer su unidad. “Nos dimos cuenta que estábamos ante una maquinaria de exterminio tan poderosa que atravesaba nuestras fronteras y por ello decidimos organizarnos”, explicó Sola Sierra, presidenta de la Agrupación hasta su fallecimiento en julio de 1999.67

El sociólogo Tomás Moulian describe el dolor que la junta militar inflingió a miles de personas como Sola Sierra: “La desaparición sume al entorno de la víctima en la incertidumbre. El suplicio del muerto se prolonga en el suplicio de sus familiares. Con ello el dispositivo del terror consigue su perpetuación, produce una nueva y más extensa cohorte de víctimas. El terror necesita que su presencia sea recordada. La represión es puntual, el terror debe ser permanente. Por ello el terror encuentra en las desapariciones una forma de presencia que se prolonga a través del tiempo”.68

En 1977 la AFDD organizó diversas acciones de denuncia de la represión, entre ellas una huelga de hambre en la sede de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas en Santiago. El ayuno se prolongó durante diez días y finalizó cuando Kurt Waldheim, secretario general de la ONU, se comprometió a investigar las denuncias sobre la desaparición forzada de personas. También aquel año algunas mujeres de la Agrupación viajaron a Nueva York para presentar sus denuncias en la sede de Naciones Unidas y a su regreso fueron expulsadas del país.



Entre el 22 de mayo y el 8 de junio de 1978, después de la aprobación del decreto-ley de Amnistía, la AFDD organizó una huelga de hambre de 17 días celebrada al mismo tiempo en tres parroquias y en el local de UNICEF en Santiago y apoyada con ayunos en más de sesenta ciudades de todo el mundo.69



La Vicaría de la Solidaridad

En noviembre de 1975 Pinochet exigió al Cardenal la disolución del Comité de Cooperación para la Paz después de la detención de diez de sus funcionarios y de que la junta prohibiera regresar a Chile al obispo luterano Helmut Frenz. Silva Henríquez aceptó, pero el 1 de enero de 1976 creó la Vicaría de la Solidaridad.70

Según Sola Sierra71, “la institución que jugó un papel más importante en la defensa de los derechos humanos fue la Vicaría de la Solidaridad pues de no haber existido las víctimas habrían sido más. Esta Vicaría recibía las denuncias de los familiares de los desaparecidos, de los ejecutados, de los expulsados del país y les prestaba asistencia psicológica, atendía a quienes llegaban en busca de auxilio médico porque habían sido torturados y recogía testimonios de la represión”.72

Junto con la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas y el SERPAJ, otra de las entidades que jugó un papel esencial en la defensa de los derechos humanos fue el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), creado en noviembre de 1980 con el objetivo prioritario de asumir la defensa legal de todos los presos políticos.

Fabiola Letelier, su actual presidenta y hermana de Orlando, explica que además los fundadores establecieron un Consejo Superior integrado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores, la Coordinadora Nacional de Pobladores, la Coordinadora de Mujeres, la Unión de Estudiantes por la Democracia, la Agrupación de Profesionales por la Democracia... El objetivo era que la lucha social y popular contra la dictadura no quedara circunscrita a un sector social.

“Así nació el CODEPU, como una coordinadora de masas, y así actuamos, oyendo en cada caso las reivindicaciones de cada sector y de esa manera levantamos un planteamiento de demandas y reivindicaciones que se referían no sólo a los derechos civiles y políticos, sino a los derechos económicos, sociales y culturales. Queríamos lograr una democracia verdadera”, recuerda Fabiola Letelier.73


Otro crimen de Pinochet

La dictadura militar también violó los derechos humanos sociales y económicos del pueblo chileno, aspecto que muchos olvidan hipnotizados por las cifras macroeconómicas. A partir de 1975 la junta empezó a implantar el modelo neoliberal, por primera vez en el mundo, y para ello contó con los consejos de algunos de sus padres teóricos, como los profesores norteamericanos Milton Friedman y Arnold Harberger, quienes viajaron a Chile en varias ocasiones.

La política económica de Pinochet se caracterizó por el aumento de los precios, el descenso de los salarios, la implacable reducción del gasto público, la devaluación de la moneda, las privatizaciones, la contrarreforma agraria, el fin del reparto de leche y alimentos a los niños... Como consecuencia de ello entre 1973 y 1975 el PIB disminuyó un 12,9% y el desempleo ascendió al 16,8%.74

Los trabajadores, los campesinos, los pobladores, la mayor parte de la población chilena en definitiva, sufrieron las consecuencias de estas recetas económicas. Porque si bien durante los dos últimos años de la Unidad Popular hubo un grave desabastecimiento de productos en las grandes ciudades y apareció el mercado negro –por culpa de la estrategia de desestabilización de la derecha y del imperialismo-, “todos teníamos para comprar” recuerda Lina Brisso, pobladora de La Victoria. “Después llegó la dictadura, había de todo en los supermercados y nadie de nosotros podía comprar”.75

El salario mínimo se fijó en 431 pesos mensuales, cantidad que apenas alcanzaba para comprar un kilo de café, un tarro de leche en polvo y un kilo de mantequilla. No resulta difícil imaginar, pues, el tipo de vida que Pinochet ofreció a millones de familias chilenas.



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56 Traducido al castellano por el Equipo Nizkor: http://www.derechos.org/nizkor

57 Amorós, Mario: “Manuel Contreras trabajó para la CIA”. Tiempo, 2 de octubre de 2000. p. 73.

58 ídem: “El general Prats y el gobierno de la Unidad Popular”. Nuestra Bandera, diciembre de 1999. pp. 123-141.

59 Marín, p. 125.

60 Otras víctimas del Plan Cóndor fueron los ex presidentes de Brasil, Joao Goulart, y Bolivia, Juan José Torres, el ex presidente del parlamento uruguayo, Zelmar Michelini, o el dirigente del Movimiento Popular Colorado de Paraguay, el doctor Agustín Goiburú.

61 Calloni, Stella: Los años del lobo. Ediciones Continente. Buenos Aires, 1999. p. 17.

62 En el atentado contra Bernardo Leighton y su esposa, la DINA contó con la ayuda de grupos fascistas italianos, con quienes contactó durante el viaje de Pinochet a Madrid para asistir al funeral de otro dictador brutal, el general Franco.

63 Consultado en http://www.derechoschile.com

64 Verdugo, Patricia y Orrego, Claudio: Detenidos-Desaparecidos. Una herida abierta. Aconcagua. Santiago de Chile, 1983.

65 Fernández, David: La “Iglesia” que resistió a Pinochet. Iepala. Madrid, 1996. p. 168.

66 CODEPU: La gran mentira...

67 Amorós, Mario: Entrevista a Sola Sierra. Mundo Obrero, marzo de 1998. p. 42.

68 Moulian, Tomás: Chile Actual. Anatomía de un mito. LOM Ediciones. Santiago de Chile, 1997. p. 187.

69 AFDD: Un camino de imágenes. 20 años de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile. Santiago de Chile, 1997. pp. 23 y 29.

70 Amorós, Mario: “Adiós al cardenal Raúl Silva Henríquez”. Reinado Social, junio de 1999. pp. 48-49.

71 ídem: Entrevista a Sola Sierra. El Mundo, 21de septiembre de 1997. p. 26.

72 Para valorar la trascendencia de la actitud de la Iglesia católica chilena ante las violaciones de los derechos humanos, conviene recordar el terrible silencio e incluso la complacencia de la argentina ante los crímenes de los militares, que causaron la desaparición de treinta mil personas entre 1976 y 1983.

73 El Siglo, 26 de noviembre de 1999. Edición digital: http://www.elsiglo.cl

74 Moulian, pp. 204-205.

75 Amorós, Mario: “Hasta La Victoria siempre. Estrategias de supervivencia en una población del Gran Santiago durante la dictadura militar”. En agosto de 1999 realicé, con la ayuda de Jesús Rodríguez (párroco de La Victoria), este trabajo de historia oral para mis cursos de Doctorado.





Autor: Mario Amorós


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